El Instituto Nacional de Migración (INM) de AMLO también pactó con Comercializadora Antsua, los creadores de Pegasus. Lo mismo sucedió con el gobierno de Oaxaca quien asignó un contrato de 17.7 millones de pesos a la compañía. Tal negocio bajo el concepto de arrendamiento y soporte técnico de equipo de cómputo. Además, dicho contrato fue reservado durante 5 años para que su contenido no se dé a conocer al público por supuestas razones de seguridad nacional.
Animal Político descubrió que, a través de su apoderado legal. Comercializadora Antsua está vinculada al grupo de 12 empresas fachada que tanto la UIF y la SSPC. Acusaron de colaborar en operaciones de lavado de dinero con Grupo Tech Bull S.A. de C.V. Esta empresa es quien vendió el software espía Pegasus a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
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Gobierno de AMLO también pactó a los creadores de PEGASUS.
Santiago Nieto, titular de la UIF, y Rosa Icela Rodríguez, de la SSPC, denunciaron la “red Pegasus”. Dentro de las conferencias matutinas del 21 y el 28 de julio. Ambos enfatizaron en que consiguieron contratos millonarios de administraciones pasadas. Ignorando por completo que el INM actual también lo hizo. Esta información se produjo el 13 de diciembre del 2019 bajo el contrato CS/INM/136/2019 por 112 millones 999 mil 999 pesos para el arrendamiento y soporte de equipo de cómputo.
Misma situación fue reportada por el gobierno oaxaqueño encabezado por el priísta Alejandro Murat. Quien dio un contrato de 17.7 millones de pesos a la compañía mencionada. Ambos contratosson ahora información reservada durante los próximo 5 años. Aunque el Comité de Transparencia solo avaló censurar los datos del representante legal de Comercializadora Antsua. Se borró todo rastro y no aparece por ningún lugar. Ni en Compranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Comercializadora Antsua S.A. de C.V tiene su domicilio en la calle Mayas número 28, en la popular colonia Acueducto Tenayuca, Tlalnepantla, Estado de México. Pero allí sólo hay una casa de 2 pisos donde hay un despacho de un accionista llamado Omar Guadalupe Ramírez Carrillo. A tan sólo un año de su creación, en junio del 2018, la compañía recibió, por adjudicación directa. Un contrato de 145.1 millones de pesos del OADPRS para vender medicamentos para las cárceles federales, aun sin dedicarse a ello.
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